Cablevisión no debería ser autorizada a realizar ninguna obra

Su pertenencia a una estructura empresaria declarada "ilegal", cuya posibilidad de seguir operando sin cambios descansa sobre algo tan endeble -y efímero- como una medida cautelar, amerita que no se la autorice a nada hasta tanto quede resuelta la cuestión de fondo.


Como se sabe, Cablevisión ha solicitado autorización para emprender una obra que implicará la colocación de centenares de nuevos postes y más tendido aéreo de cables en la ciudad.

Tal decisión impulsó al Departamento Ejecutivo Municipal a elevar al HCD un proyecto que prevé "autorizar a Cablevisión" a realizar tal obra, sin siquiera mencionar que por ordenanza está prohibido tender cables aéreos, debiendo este tipo de instalación realizarse de manera subterránea.

Pero más allá de que pudiera plantearse una excepción a dicha ordenanza, tal como se ha hecho en otras oportunidades, lo concreto es que Cablevisión es una firma que forma parte de una estructura empresaria ilegal, según lo ha establecido la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y que su posibilidad de seguir funcionando hasta el día de hoy descansa sobre algo tan endeble como efímero: una medida cautelar dictada por un juez de primera instancia.

Como se sabe, el grupo Clarín excede largamente la cantidad de licencias permitidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma cuya vigencia y constitucionalidad están firmes luego de que la máxima instancia de apelación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así lo ratificara.

Esto provocó que el grupo elaborara una propuesta de adecuación, que la AFSCA rechazó luego de comprobar la vinculación entre las conducciones de las seis nuevas empresas que se pretendía conformar.

Ante la posibilidad inminente de que comenzara la adecuación de oficio, el grupo Clarín acudió otra vez a la justicia y logró que el Juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso dictara una nueva medida cautelar, que aún está vigente y es lo único que permite al conglomerado empresario continuar funcionando con su estructura de siempre.

Sin embargo, es más que obvio que una medida cautelar no es algo que pueda permanecer vigente por mucho tiempo, y una de las resoluciones más probables es que el grupo realmente deba desprenderse de la mayoría de sus licencias en función de lo que dispone una ley cuya constitucionalidad ya es indiscutible. La propia Cablevisión, además, abarca más del 35% del mercado, que es el límite previsto por la ley, otra cuestión que podría incidir en el resultado final, en el sentido de que no todas las sucursales podrían seguir perteneciendo a la misma organización.

Por ende, la prudencia indica que, con toda razonabilidad, el Concejo Deliberante debería posponer el tratamiento del proyecto relacionado con las obras que Cablevisión pretende ejecutar en Rojas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo; hasta que se sepa qué es lo que va a ocurrir con las licencias, y quede claro si los propietarios de la sucursal Rojas, ya sea los actuales o los que pudieran venir, continúan teniendo intenciones de realizar estos trabajos. Porque como cualquiera puede sospechar (y temer), no sería la primera vez que el cadáver de una obra inconclusa quedara tirado en la calle, asesinado por cuestiones burocráticas.

Habiendo cuestiones judiciales tan significativas por resolver, y teniendo en cuenta que la operatividad de Cablevisión depende de algo tan poco sustancial como una medida cautelar, la prudencia aconseja esperar.

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