Municipio y policía ya son «ex»


El HCD aprobó la rescisión y el Ejecutivo deberá dejar sin efecto «los protocolos y convenios específicos» firmados en el marco de la adhesión a la ley de policía comunal, que datan de 2004 y significaron, en 2020, una erogación de 14.000.000 de pesos para el funcionamiento policial. El Foro de Seguridad, cada vez más necesario.

Por:
Redacción El Portal de Rojas.
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El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión una ordenanza para dejar sin efecto la adhesión a la ley de Policía Comunal de Seguridad, como así la rescisión de «los protocolos o convenios específicos» firmados en el marco de la citada norma.

Con la aprobación de los ediles oficialistas y el rechazo de los opositores quedó firme el «divorcio» entre la policía y el municipio, lo cual pone en evidencia nuevamente, como ya dijo este medio en su oportunidad, la necesidad de conformar el Foro de Seguridad con vistas a contar con algún tipo de control local sobre la fuerza que, ahora no sólo en lo práctico sino también en lo formal, responderá únicamente a sus mandos de La Plata.

Al fundamentar el apoyo oficialista al proyecto, el concejal (JxC) Diego Pérez Delbaldo sostuvo lo siguiente:

«El proyecto estuvo en tratamiento un tiempo considerable, e inclusive nos visitó por eso la secretaria de Seguridad. Viene a dar por zanjada una idea que el radicalismo tuvo a lo largo de los años en relación con la adhesión, en el año 2004, a la ley 13.210 por parte del entonces intendente Norberto Aloé. Lo hizo mediante un decreto que luego pasó al Concejo Deliberante y se aprobó bajo la ordenanza 2813, con la aprobación del Frente para la Victoria y el rechazo de la Unión Cívica Radical.»

«El argumento político en ese momento, del peronismo que gobernaba nuestra ciudad, era que con la adhesión a esta ley iba a poder tener injerencia en la política de seguridad municipal; y a cambio de eso, el Ejecutivo iba a destinar dinero para el funcionamiento de los móviles, recursos humanos, etcétera.»

«Pasados los años, ya en 2007, este Concejo Deliberante solicitó al Ejecutivo Municipal que enviara la política de seguridad que estaba enmarcada dentro de la ley; y la respuesta del intendente Aloé, en ese momento, fue que el Ejecutivo municipal no tenía demasiada injerencia en las acciones estratégicas tendientes a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de nuestra ciudad. Por ese motivo, el bloque UCR pidió la rescisión de ese convenio, porque el fundamento por el cual se había adherido era que desde el Ejecutivo iba a haber injerencia para diseñar una política de seguridad. Esa resolución fue rechazada, lo mismo que en 2008 y 2009.»

«En 2010 fue la primera vez en la cual este Concejo aprobó una resolución aconsejando al Ejecutivo que rescindiera ese convenio. El motivo siempre era el mismo: que no había injerencia del municipio en el desarrollo de la política de seguridad. El intendente de ese momento hizo caso omiso a esa resolución. En 2011 ingresa la variante vecinalista del peronismo, y no hay grandes cambios en este tema.»

«El punto más importante se da en el año 2015, cuando asume el gobierno del ingeniero Rossi, con una particularidad: por primera vez, desde la adhesión del convenio, había en la provincia un gobierno no peronista; un gobierno que creía en la descentralización efectiva, y en el desarrollo de un plan de seguridad con la mirada local en cada uno de los distritos. Por ese motivo, cuando nosotros asumimos el gobierno, no rescindimos el convenio ya que el gobierno provincial le daba absoluta validez a esa ley, no era letra muerta como en los años anteriores.»

«En 2019 hubo un cambio en la gobernación; retorna el peronismo a gobernar la provincia de Buenos Aires, y en mayo del año pasado el ministro Sergio Berni emite la resolución 341 mediante la cual creó un jefe de estación policial para manejar todos los destinos de la seguridad, y pone bajo su mando a todas las comisarías y comandos que intervienen en el distrito de Rojas. Esto es: Berni vuelve a recuperar el mando absoluto y total desde la provincia de Buenos Aires, por lo cual los municipios dejan de tener injerencia en el armado del plan de seguridad. Por eso desde el Ejecutivo ingresa este proyecto para rescindir este convenio y pasar a ser uno más de los distritos que no están encuadrados dentro de esta legislación. Los destinos de la seguridad continuarán bajo el mando de la provincia de Buenos Aires.»

Por parte de la oposición peronista, el concejal Miguel Quintana consideró que «los argumentos planteados no son válidos, porque si entre 2015 y 2019 se trabajó bien, entonces lo que hay es una diferencia política, de color político entre el gobierno municipal y la provincia. Esto es una ley que debe ser tratada como tal, y las cosas deben continuar en el tiempo como venían».

LA MIRADA DEL INTENDENTE ROSSI

Cabe recordar que, en oportunidad de enviar el proyecto al HCD, el intendente Claudio Rossi coincidió con la idea de que «esto no es una decisión sino un sinceramiento». Sostuvo que «queda claro que cuando a los policías los pone y los saca el ministro, entonces al municipio no le queda ningún margen para nada».

«Nosotros no teníamos posibilidad de tomar ninguna decisión. Lo único que hacíamos era poner plata, que seguiremos poniendo pero para un plan municipal de prevención que incluya equipos multidisciplinarios, programas que tengan que ver con la violencia contra la mujer, o con problemáticas juveniles, en síntesis, con la atención a grupos vulnerables», agregó el intendente.

Se sabe que en el transcurso de 2020 el municipio aportó unos 14.000.000 de pesos al funcionamiento de la policía comunal, sin tener la más mínima posibilidad de tomar decisiones en cuanto a su funcionamiento. «Estamos poniendo plata para que anden los patrulleros, cuando pasa algo la gente nos insulta a nosotros, y terminamos sin resolver nada. Entonces, a esa plata la vamos a poner acá, en cosas que realmente brinden soluciones; y de la policía que se encargue la provincia», enfatizó el mandatario.

EL POR QUÉ DE LA RESCISIÓN

Entre los considerandos del proyecto convertido en ordenanza por el HCD figuran los siguientes:

«Que oportunamente la Municipalidad del Partido de Rojas adhirió en todos sus términos –representada por el intendente de aquel entonces– a la ley 13.210 que creó las bases jurídicas y de organización de las Policías Comunales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, celebrando por lo demás –de cara a los objetivos perseguidos por la norma– sendos protocolos adicionales con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

«Que la sanción de la citada ley 13.210 estatuyó la denominada Policía Comunal para aquellos municipios del interior de la provincia con una población inferior a los 70.000 habitantes, con dependencia orgánica del Ministerio y en lo funcional del intendente.

«Que la importancia de la descentralización respondió a la idea de romper con una estructura macrocefálica, de verticalismo extremo y de conducción discrecional de un jefe con poderes omnímodos favorecedores de esquemas nocivos para la salud institucional de la fuerza policial.

«Que en la actualidad –en términos fácticos– los objetivos y el espíritu perseguido por la norma se han visto desvirtuados, en tanto la institución de la jefatura por municipio ha devenido abstracta en términos de poderes de decisión y mando policial en territorio comunal.

«Que en el contexto descripto, tanto la suscripción del convenio de adhesión como los protocolos y convenios específicos han perdido razón de ser, tornándose vanos.»

LA ADHESIÓN A LA POLICÍA COMUNAL EN 2004

La adhesión a la ley 13.210 «de Policía Comunal de Seguridad» fue suscripta entre la Municipalidad de Rojas y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en octubre de 2004. Complementada con varios convenios posteriores, significó para el gobierno local la erogación de sumas importantes destinadas al funcionamiento del sistema policial, pero también la toma de decisiones en cuestiones operativas canalizadas desde entonces a través de la secretaría municipal de Seguridad. Una saludable idea descentralizadora cuya posibilidad ha dejado de existir.

La reestructuración decidida a partir de diciembre de 2019 por el actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, implicó un retorno a las decisiones centralizadas. Esta virtual «resurrección» de la vieja y nunca bien recordada «Policía Bonaerense» trajo aparejada una desautorización de los intendentes, que siguieron destinando recursos pero se vieron privados de todo poder de decisión y, lo que es peor, conservaron responsabilidades por las que muchas veces reciben reclamos de los vecinos, cuando la realidad es que no tienen posibilidad concreta de intervenir.

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