La provincia subsidiará a las fumigaciones

Es raro que hasta el momento a nadie del gobierno provincial se le haya ocurrido promover las «buenas prácticas femicidas», un programa de políticas activas que incluiría capacitaciones sobre las maneras menos crueles de asesinar mujeres, acompañadas de reducciones de penas y estímulos económicos para quienes las utilicen. Una idea coherente con el modelo de reducción de daños sin discutirle ni una coma a los poderes establecidos, propio de los gobernantes actuales –lo más osado que se les ocurre–.

Eso sí: se les ocurrió impulsar las «buenas prácticas agrícolas», el conocido eufemismo que disfraza con buenas intenciones a la decisión de liberar las fumigaciones. Pero la administración Kicillof fue todavía más allá: no sólo que las permitirá sino que las subsidiará con planes que, en criollo, no son más que una transferencia de recursos desde el Estado provincial (o sea, todos nosotros) hacia el agronegocio.

Le tocó al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, presentar el despropósito denominado «Buenas Prácticas Agrícolas – Suelos Bonaerenses», que según él mismo expresó sería «una manera de incentivar una producción sustentable basada en el cuidado del suelo y la aplicación responsable de agroquímicos», pero que en realidad, como se ha dicho, es a la vez un susidio al agronegocio y una apuesta al modelo de producción agraria basada en químicos... justo cuando dicha modalidad empieza a ser seriamente cuestionada y existen numerosos indicadores que demuestran su inviabilidad a largo plazo.

A esta altura hay que destacar que las «buenas prácticas» no son otra cosa que el respeto a las indicaciones brindadas por los fabricantes de los agroquímicos, sumado a la firma de un profesional que, en la gran mayoría de los casos, es un empleado de quienes fumigan. Tales «buenas prácticas» no han evitado que en veinte años las aplicaciones de herbicidas hayan aumentado de 3 a 11 litros/kilos por hectárea, y que el total país haya alcanzado la friolera de más de 350 millones de litros/kilos de agroquímicos por año (datos INTA). Ahora, además de permitir eso, lo van a subsidiar.

Otro modo en que la provincia transferirá recursos del Estado al agronegocio es mediante la toma de muestras para análisis de suelos. Según dijo Rodríguez, podrá haber hasta cuatro anuales a cargo del ministerio, y esto quedaría justificado por la pretensión de «un plan de trabajo tendiente a la reducción de la aplicación de agroquímicos».

Esto es una falacia. El análisis de suelo está vinculado exclusivamente con su productividad, apuntando a la optimización del uso de fertilizantes y encalado. No obstante, de los citados 350 millones de litros/kilos de agroquímicos (algunos hablan de 500 millones), el 75 por ciento son herbicidas (datos INTA). Los fertilizantes forman parte del 25 por ciento restante, proporción que comparten con los insecticidas, con los fungicidas, etcétera. Esto es: la fertilización insume un porcentaje mínimo del total de sustancias químicas que utiliza el agronegocio, por lo que reducirla prácticamente no tendrá impacto ambiental, aunque sí influirá en el bolsillo de los productores, constituyéndose entonces, como se ha dicho, en otra transferencia de recursos disfrazada con buenas intenciones.

¿Cuándo se transformó la «oligarquía» de 2008 en la columna vertebral del movimiento? Imposible saberlo. Lo que sí queda claro es el por qué del «aumento del número de casos», de las «curvas que no se aplanan», de los toques de queda, de las «cepas de plumas verdes», de las vacunas y de toda la sanata «pandémial». La política «trans» que pasó de llamarlos «oligarcas» a subsidiarlos es apenas uno de los ejemplos de lo que los medios, «lamentablemente», no tienen tiempo de hablar porque están tremendamente ocupados con la «pandemia».