Funcionarios municipales, imputados por no controlar fumigaciones en Pergamino


La decisión surge luego de que en octubre fueran procesados tres productores y, esta semana, detenidas otras tres personas, siempre por fumigar cerca del poblado.

Por:
Redacción El Portal de Rojas.
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Dos funcionarios de la municipalidad de Pergamino –el director de Ambiente Rural Mario Tocalini, y el auditor de aplicaciones fitosanitarias Guillermo Naranjo–, fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa caratulada "S/Infracción al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24.051 y 200 del C.P.", originada por la contaminación del agua denunciada por vecinos de tres barrios aledaños a campos que suelen ser fumigados.

Luego de la imputación judicial, ambos funcionarios fueron separados de sus cargos por el intendente Javier Martínez. El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás notificó a las partes sobre la fijación de fechas para audiencias indagatorias: serán los próximos 6 y 7 de noviembre, a las 10:30.

Los ahora ex funcionarios deberán presentarse con abogados defensores designados por ellos mismos, ya que el intendente, además de separarlos del cargo, decidió que la municipalidad no les brindará asesoramiento jurídico.

Cabe recordar que en el marco de la causa impulsada por el fiscal federal Matías Di Lello, en la que interviene el juez Carlos Villafuerte Ruzo, el último miércoles fueron detenidas tres personas: un productor rural de J. A. De la Peña que fumigó violando los límites permitidos por una ordenanza vigente en la vecina ciudad; el ingeniero agrónomo que recomendó la fumigación y el conductor del "mosquito" utilizado para esparcir las sustancias.

Anteriormente, a fines de octubre, el juez había procesado a tres empresarios agropecuarios por el delito de "contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud", mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada al menos desde 2011 en adelante.

De ser hallados culpables, los productores rurales podrían recibir una pena de entre 3 y 10 años de prisión por envenenar, adulterar o contaminar “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, según dicta el Código Penal. Además, el magistrado decretó un embargo de $ 3.000.000 para cada uno de ellos. A diferencia de los tres hombres detenidos ahora, ellos están en libertad.

Estos hechos están integrados a la causa en la que el magistrado investiga la contaminación en tres barrios de Pergamino (Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida), denunciados por una vecina, Sabrina Ortiz, quien sufre daño genético –igual que su esposo y sus hijos– por haber estado expuesta a las fumigaciones en un campo ubicado frente a su casa.

Para esas zonas, Villafuerte Ruzo dispuso recientemente una restricción para fumigar a 1.065 metros del ejido urbano. Si bien J. A. de la Peña no entró en ese fallo, sí lo comprende la normativa municipal, sancionada en diciembre de 2014.

En la normativa se indica que la “zona de exclusión” es donde no se autoriza ningún tipo de pulverización y está formada por los primeros 100 metros desde el límite de la zona urbana, y a continuación sigue la “zona de amortiguamiento” con un ancho de 500 metros. Es decir, que la suma de ambas zonas hacen un total de 600 metros desde el límite de la zona urbana. Y es lo que los tres apresados este miércoles no respetaron.

El magistrado destacó que, lejos de no saber lo que hacían, los imputados conocían “las acciones desplegadas, con total y absoluto dominio de los hechos, así como también la voluntad de sostener cada uno de estos elementos en la continuidad de las acciones delictuales”. Es decir que, para el juez, los productores sabían que podían afectar a los vecinos de los barrios linderos y no les importó. (Fuentes: "Primera Plana", de Pergamino. Infobae, de Buenos Aires. Foto: Juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.)

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