La Provincia acaba de promulgar la Ley 15.688, que autoriza durante 180 días a los municipios a utilizar hasta el ciento por ciento de los fondos coparticipados o transferidos para el mantenimiento de la red vial rural en determinadas obras hídricas. La norma contempla intervenciones como drenajes pluviales, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento.

La decisión vuelve a poner en escena una cuestión que, al menos en Rojas, no necesita demasiadas explicaciones: los caminos rurales y el manejo del agua son partes de un mismo problema territorial. No se trata de dos asuntos que puedan abordarse de manera aislada, porque la red vial atraviesa el territorio, modifica escurrimientos y, en determinadas circunstancias, puede convertirse en un obstáculo para el drenaje natural.

Lo llamativo es que esa relación, que ahora parece requerir una autorización legislativa excepcional, está reconocida en Rojas desde hace más de veinte años. No hay aquí una controversia municipal que deba resolverse ni una novedad conceptual que celebrar. La discusión, si existe, está en otra parte: en la mirada provincial que, centrada en los fantasmas conceptuales que menean las pantallas («El Niño») antes que en lo material y concreto, recién ahora descubre una realidad que en algunos distritos se conoce y se trabaja desde hace mucho tiempo.

UNA ORDENANZA NACIDA DE LA EXPERIENCIA

La Ordenanza 2649 fue sancionada en 2002, pero su origen se remonta al año anterior. La iniciativa surgió en medio de una situación climática particularmente complicada, durante el otoño y el invierno de 2001, cuando los problemas de los caminos rurales se combinaban con las deficiencias de la sistematización hidráulica. El agua no encontraba por dónde escurrir y la red vial, lejos de ser un asunto independiente, formaba parte de ese escenario.

El abogado Juan Carlos Acuña, redactor del proyecto y protagonista de aquel proceso, recuerda que todo comenzó con reuniones de vecinos en Carabelas. Participaron productores, integrantes de la cooperativa agropecuaria, trabajadores y funcionarios de la entidad, además de vecinos de la zona. Entre quienes impulsaron aquellas primeras reuniones menciona a Alberto del Solar, a Jean Pierre Breitschmitt y a Damián «Tato» Restaine, por entonces delegado municipal.

La participación se extendió luego a distintos parajes del partido, donde se organizaron comisiones rurales. La propuesta fue discutida con el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, hasta que finalmente se convirtió en una ordenanza aprobada por unanimidad.

Acuña destaca también la actitud del entonces intendente municipal, Gustavo Vignali, quien se comprometió a recibir una propuesta alternativa si los vecinos consideraban que había una forma mejor de organizar el servicio. Para el abogado, aquel episodio fue una muestra de fortaleza institucional y de la posibilidad de construir una política pública a partir de la participación colectiva.

La aspiración inicial era crear un organismo municipal descentralizado y afectar una parte de los recursos de la tasa de red vial a su funcionamiento. El objetivo era modificar el modelo de gestión, incorporar a los usuarios del servicio y establecer mecanismos de planificación, control y participación.

Pero hay un aspecto de aquella ordenanza que interesa especialmente en el contexto actual. Entre las funciones de la dependencia creada para atender estas cuestiones se estableció expresamente: «La formulación y ejecución de un Plan Maestro para el tratamiento integral y solución a los problemas viales rurales e hídricos que afecten al Partido de Rojas».

No es una interpretación posterior ni una adaptación hecha a la luz de las circunstancias actuales. La integración de los problemas viales e hídricos estaba escrita en el corazón mismo de la norma.

EL AGUA NO RESPETA LOS LÍMITES DEL MAPA

La experiencia de Rojas tampoco se desarrolló de manera aislada. Los intendentes y responsables de las áreas viales de los distritos involucrados participaron en el Comité de Cuenca del Río Arrecifes y, en ese ámbito, trabajaron en distintas oportunidades junto con la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.

De esa articulación surgió, a pedido de los municipios, un mapa hidrológico que permitió contar con una herramienta común para planificar intervenciones. No era un detalle menor: el agua no reconoce límites administrativos y las decisiones que se toman en un distrito pueden repercutir sobre otros.

La planificación, por lo tanto, exigía mirar más allá de cada jurisdicción y comprender el funcionamiento de la cuenca. También requería conocimiento del terreno, información compartida y coordinación entre organismos públicos.

En su testimonio, Acuña recuerda que, durante una reunión posterior con autoridades de la Autoridad del Agua por cuestiones vinculadas con otra cuenca, señaló que la ordenanza de Rojas era la única entre los 135 municipios bonaerenses que contemplaba conjuntamente la cuestión vial y la hídrica. Es una afirmación suya, pero ilustra el carácter singular que atribuye a aquella experiencia. De más está decir que más de veinte años después, muchos municipios incorporaron ese aprendizaje.

Acuña recuerda que la participación fue muy activa durante los primeros años y considera que recuperar aquel espíritu colectivo sigue siendo uno de los desafíos. También advierte que la planificación no debería depender exclusivamente de las situaciones de emergencia: cuando el agua está sobre los campos y los caminos se encuentran afectados, las posibilidades de proyectar y ejecutar soluciones son mucho más limitadas. Es precisamente cuando no hay una crisis cuando mejor se puede planificar.

LA PANTALLA Y EL TERRITORIO

Todo este recorrido sirve para poner en perspectiva el debate que ahora aparece alrededor de la Ley 15.688. La norma provincial habilita una utilización excepcional y transitoria de recursos para algo en que se vienen utilizando desde hace más de veinte años en Rojas, siempre en el marco de la ley provincial 13.010. Pero la pretendida necesidad de esa autorización no debería confundirse con el descubrimiento de que los caminos y el agua están relacionados. En Rojas, esa relación fue reconocida institucionalmente hace más de dos décadas.

Por supuesto, no cualquier obra hidráulica puede justificarse por el solo hecho de que se realice en un ámbito rural, ni la existencia de una ordenanza municipal permite desconocer las condiciones que establece la legislación provincial para la utilización de fondos afectados. Una cosa es el destino legal de los recursos y otra, bastante elemental, es comprender que el mantenimiento de los caminos y el manejo del agua forman parte de una misma realidad territorial.

El problema aparece cuando las decisiones se construyen a partir de una representación abstracta del territorio, como si bastara con observar mapas, pronósticos y alertas para entender lo que sucede sobre el terreno. La información climática es necesaria y las previsiones sobre fenómenos como El Niño deben ser consideradas; pero está claro que un pronóstico no reemplaza al conocimiento de una cuenca, del funcionamiento de sus canales, de las alcantarillas, de las pendientes ni de los caminos que condicionan el escurrimiento.

El mundo de la pantalla y el mundo material no son incompatibles. Los mapas y los modelos pueden aportar información valiosa. El problema comienza cuando la representación sustituye a la realidad, cuando los colores de un mapa parecen explicar por sí solos lo que sucede en un campo o cuando un fenómeno climático se convierte en una explicación universal para problemas que requieren diagnósticos específicos.

Es allí donde aparece la «realidad imaginaria»: no como una negación de los fenómenos naturales, sino como una forma de mirar que termina reemplazando el territorio concreto por una construcción conceptual, cómoda y distante.

VOLVER A MIRAR EL TERRENO

La experiencia que dio origen a la Ordenanza 2649/02 demuestra que no hacía falta esperar una ley provincial para comprender la relación entre caminos y agua. Hubo vecinos que conocían los problemas porque los padecían, productores que aportaron décadas de experiencia, funcionarios que participaron de las discusiones y una norma que procuró organizar institucionalmente aquella respuesta.

Tampoco fue una solución definitiva ni un modelo inmune a las dificultades. Acuña reconoce que quedaron asignaturas pendientes y que la participación debe ser sostenida, no limitarse a los momentos de emergencia. Pero justamente por eso su testimonio resulta valioso: recuerda que las políticas públicas no se construyen solamente con disposiciones escritas, sino también con continuidad institucional, información, planificación y participación.

La cuestión es bastante más sencilla de lo que parece. Antes de elaborar nuevas interpretaciones, convendría revisar las experiencias que ya existen. Antes de discutir en abstracto si los caminos y el agua deben tratarse conjuntamente, bastaría con observar cómo funciona una cuenca y qué sucede cuando una red vial interfiere en el escurrimiento.

Quizás haya llegado el momento de apagar un rato el televisor, dejar de agitar fantasmas conceptuales y volver a mirar el territorio. No estaría mal comenzar por leer algunas ordenanzas. A veces, incluso los documentos de hace más de veinte años tienen algo para enseñarnos.