La culpa no es del perro... (hacia la solución de un problema de salud pública)

Ha comenzado a percibirse la gravedad del problema de los perros callejeros, y tan buena noticia es la decisión del Gobierno Municipal de encarar el tema con seriedad y energía, como el de las asociaciones proteccionistas (por lo menos la gran mayoría de ellas) de sumar su colaboración para mantener y mejorar el Paseo Temático Canino, promover la adopción y tenencia responsable, llevar adelante campañas de castración masiva y realizar un censo de mascotas.

Que la existencia de perros abandonados en la calle es un problema nadie lo duda; o no debería dudarlo. A modo de muestra, sólo para dar un ejemplo, vale citar los números finales del año 2015: Hubo 30 casos de personas mordidas que debieron ser atendidas en el hospital Unzué; 55 accidentes de moto fueron causados por perros; y Bromatología recibió al menos 15 llamados por diferentes disturbios causados por animales en la vía pública. Para colmo, la tendencia es hacia el crecimiento, no la reducción. Que no haya habido lesiones más graves o inclusive personas fallecidas fue sólo una cuestión de suerte, que no durará por siempre.

La consigna es, por ende, sacar a los perros de la calle; y en este sentido se está trabajando. Las asociaciones proteccionistas mantuvieron ya dos reuniones con funcionarios municipales y conformaron una comisión, el Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales del Partido de Rojas, que gestionará su personería jurídica y cumplirá funciones junto a la comuna en pos del doble objetivo de sacar a los perros de la calle y a la vez protegerlos de cualquier tipo de maltrato que pudieran sufrir.

La posición municipal está basada en que la mayoría de los perros callejeros tiene dueño, y que estos "están obligados a prestarle al animal seguridad, alojamiento, alimentación, higiene y asistencia medico-veterinaria", tal como lo establece la ordenanza 2864 sancionada en el año 2005 que, además, dispone que "la prohibición a los dueños, guardadores, poseedores, de dejarlos sueltos en la vía pública, atento a que su incorporación al núcleo familiar implica la responsabilidad y obligación de dotarlo de albergue y seguridad. La violación a esta norma será reprimida con multa". Y el perro, conducido al refugio.

En cuanto a lo que algunos proteccionistas llaman "perros comunitarios", esto es, animales que viven en la calle, estarían comprendidos dentro de la prohibición de la ordenanza, por lo que deberían ser llevados de inmediato al refugio y sus "dueños" sancionados con multa. No obstante, desde la Dirección Municipal de Bromatología se informó que podría pensarse en una modificación a la norma que implique la autorización para que existan estos "perros comunitarios", siempre y cuando se trate de animales mansos, estén debidamente identificados y registrados, y se les proporcionen todos los cuidados médico-veterinarios, vacunas, etc., como cualquier otra mascota que vive en una casa.

LA CULPA NO ES DEL CHANCHO...

...y en muchos casos tampoco del perro, sino de quien le da de comer, como dice el refrán. La cuestión es que el perro asume como propio el territorio donde come, y por ende, si un "perro comunitario" es alimentado en la calle, ocurre lo que vemos en muchísimos lugares de la ciudad: veredas, esquinas, calles por las que no se puede pasar porque hay riesgo de sufrir un ataque canino.

Esto, por supuesto, no significa que el perro sea por naturaleza agresivo, sino que la irresponsabilidad de quienes lo alimentan en la calle hace que el animal se "apropie" de una porción de territorio, por ejemplo de una vereda, y ataque a quienes pasan cerca. Este suele ser el motivo central de las mordidas que suelen tener a niños como víctimas preferidas.

Está claro que la vía pública es, como su nombre lo indica, pública; esto es, pertenece a la comunidad, a todos, y no a un perro ni a sus "dueños comunitarios". Por lo tanto, la conducta de quienes alimentan a perros en la calle deberá ser sancionada con dureza para lograr su erradicación definitiva.

La existencia de "perros comunitarios" podrá ser autorizada, pero deberá incluir el control de sus condiciones sanitarias y de su potencial peligrosidad; su identificación y registro ante autoridad pública y también el de sus "dueños comunitarios", previendo posibles futuras responsabilidades civiles (o inclusive penales) derivadas de la presencia del animal en la calle.

Es muy saludable que estas cuestiones hayan pasado a ser prioritarias dentro de la agenda gubernamental; porque si una mascota puede llegar a ser considerada como parte de una familia, un animal en la calle es, a priori, un problema de salud pública, por lo que es preciso encontrarle una solución satisfactoria para todos. Y cuando decimos "todos" significa "todos": el perro, el que le da de comer y el que quiere andar en bicicleta sin ser atacado a dentelladas.

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