Remises para escuelas rurales: ¿vuelve el "certificado de pobre"?

En una entrevista que publicó El Portal de Rojas hace varios días a la consejera escolar (PS) Sandra Cuitiño se deslizó un dato que probablemente no haya cobrado importancia especial ante el lector, aunque la tiene, y por demás: que una de las causas de la demora en la licitación de los remises que llevan a los alumnos del campo hasta las escuelas rurales es que el gobierno provincial ahora exige conocer "el CUIL de los dos papás", y que eso se debe a que "van a cruzar datos para comprobar que las familias realmente lo necesitan".

Ese discurso, el de "comprobar que realmente lo necesitan" es, además de anacrónico, peligroso. El Estado lleva adelante políticas públicas según lo establecen la Constitución y las leyes, y en ese marco brinda gratuitamente servicios de educación, de salud, de seguridad y muchos otros.

Los avances en la implementación de tales políticas siempre van en el sentido positivo, como cabe suponer; los cambios siempre son para mejorar, y por eso resulta peligroso advertir la intención (por ahora no está concretada, pero sí enunciada) de plasmar un retroceso.

Los servicios públicos, que atienden derechos y no opciones de consumo, han sido programados para cumplir con su función lo más eficazmente posible, y así es como se han ido definiendo a lo largo de los años sus características. Por ejemplo, el Servicio Alimentario Escolar encuentra su justificación en el conocimiento de que un chico con la panza llena está más predispuesto a aprender que uno con hambre; y así es como se los alimenta a todos por igual, sea cual fuere el poder adquisitivo de sus familias.

Y así pasa con todo: si usted, lector, sufriera la desgracia de descomponerse en su domicilio, seguramente encontrará adecuado que la ambulancia vaya a buscarlo sin preguntarse antes "si realmente lo necesita" o si está en condiciones de pagarse su propio traslado. Porque alguien advirtió en algún momento que de eso podría depender su vida.

No sería deseable retroceder al punto en que si usted, lector, tuviera la mala suerte de ser víctima de un robo, la Policía, antes de tomarle la denuncia, pretendiera constatar que usted "realmente lo necesita" y no está en condiciones de pagarse seguridad privada.

En el caso de los remises, ya está establecido que a un chico que vive lejos de la escuela es conveniente ir a buscarlo para garantizar que tenga la mayor cantidad posible de días de clase, sin preguntarse "si realmente lo necesita".

Tales conceptos deberían ser descartados de plano y, en cambio, recuperarse la visión de que el Estado es, ante todo, garante de derechos. Con toda seguridad nadie quiere volver a la Argentina anterior al año 1946, cuando para que te atendieran en un hospital tenías que presentar "certificado de pobre".

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