Cableado aéreo: 30 años después, hay vicios que no han cambiado

Casi tres décadas después de que el Concejo Deliberante le "limpiara" el mercado de competidores a la entonces Rojas Televisión Comunitaria, mediante la sanción de la ordenanza 341/86 que prohibió la colocación de cableados aéreos para servicios privados y otorgó 12 años de plazo a "las ya existentes" (RTC, única) para adecuarse a la normativa que obligaba a hacerlos subterráneos, asistimos a una repetición actualizada de tales vicios. Y con los mismos actores.

La cuestión podría resumirse diciendo que cuando en 2010 el HCD autorizó una excepción para que la Clyfer realizara el tendido aéreo de fibra óptica (que según la ordenanza 2174/96, que reemplazó a la citada 341/86, debe ser obligatoriamente subterráneo), hacía ya dos años que a Cablevisión se le había vencido el plazo de su propia excepción sin que hubiera ejecutado una sola de las obras a las que estaba obligado por esa misma norma.

Sin embargo, la preocupación del bloque radical, que originó un pedido de informes referido a este tema, parece estar mucho más orientada a constatar el cumplimiento de una serie de exigencias planteadas a la cooperativa eléctrica en momentos de otorgarse la excepción, que a la violación ostensible de la misma norma que comete su empresa competidora, Cablevisión.

Las exigencias impuestas a la Clyfer como condición para otorgarle la excepción no están, obviamente, inspiradas en los grandes legisladores que ha tenido el radicalismo; más bien en la mirada de cualquier madre de familia que le dice a su hijo "mirá nene... te dejo mirar la tele pero si primero hacés los deberes...".

No es intención de esta nota ahondar sobre tales condicionamientos, aunque serán citados algunos: "brindar servicios de igual o superior calidad y a menor precio que otras prestatarias"; "colocar nuevas columnas y luminarias para mejorar el alumbrado público en toda la zona donde se realice el tendido"; "solucionar los problemas que pudieran existir en la prestación del servicio de alumbrado público"; "brindar en forma gratuita los servicios en establecimientos escolares y de salud pública" (cosa que la Clyfer viene haciendo desde que en Rojas no había banda ancha y el servicio de internet era telefónico); "iluminar" con WiFi algunos lugares públicos; y "realizar un anteproyecto integral de Alumbrado Público para toda la zona urbana de Rojas y sus localidades previendo el reemplazo de la totalidad de las luminarias suspendidas por columnas".

Tales condicionamientos podrían llegar a ser, eventualmente, objeto de análisis en otro editorial de El Portal de Rojas, ya que resulta curioso cómo, por ejemplo, se llega a límites probablemente anticonstitucionales, como los de intentar obligar a una empresa privada (una cooperativa lo es) a "brindar servicios de igual o mayor calidad y a menor precio que otras prestatarias" como condición para otorgar la excepción, una exigencia a todas luces más cercana a la extorsión que al buen arte legislativo.

No obstante, el objetivo de esta nota, hoy, no es otro que el de poner de manifiesto la supervivencia de viejos vicios; aquellos que hace casi treinta años pusieron a la Municipalidad como garante de un negocio privado, y hoy pretenden hacer lo mismo, inmiscuyéndose en cuestiones que nada tienen que ver con las atribuciones propias de un Concejo Deliberante (como cuánto debe cobrar una empresa privada por un servicio).

Porque de otra manera sería imposible comprender por qué mientras a la cooperativa se le interponen condicionamientos hasta de dudosa constitucionalidad, se hacen oídos sordos y ojos ciegos ante el ostensible incumplimiento de su competidora. Sobre la misma, exacta, ordenanza en cuestión.

QUE DICE LA ORDENANZA 2174/96

Se citan a continuación algunos de los artículos esenciales de la ordenanza que obliga a empresas privadas que necesiten cablear la ciudad, a hacerlo de manera subterránea:

Art. 9°: Dentro del radio urbano comprendido por las avenidas Moreno, Las Heras, San Martín, Tormey, Tres de Febrero y Larrea, el tendido de cables destinados a la prestación del servicio de CCTV deberá realizarse en forma subterránea, tanto en aceras como en el cruce de calzadas, con excepción de los destinados a la instalación domiciliaria de cada receptor, entendiéndose como tales las líneas que van desde las tapas de receptores hasta su domicilio.

Art. 11: Lo dispuesto en los artículos precedentes será de aplicación inmediata a toda autorización que se otorgue con posterioridad a la sanción y publicación de la presente ordenanza, difiriéndose esta obligación para su total cumplimiento hasta doce (12) años, debiendo acreditar los obligados el 25% de avance de obra a los seis años; el 50% de avance de obra a los ocho años; el 75% de avance de obra a los diez años; y el total de obra a los doce años.

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