Créditos a municipales: ¿No convendría ser más cautos?

El Concejo Deliberante dio ingreso durante su primera sesión ordinaria del año a un proyecto que, con la firma del Intendente Municipal, Martín Caso, pretende que el Deliberativo le otorgue autorización para "suscribir convenios con mutuales y/o comercios y/o empresas, en los términos enunciados en los considerandos precedentes (N. de la R.:que no integran la parte dispositiva del proyecto), con más las cláusulas de estilo y forma que obran en el convenio modelo que integra la presente ordenanza".

Una simple mirada al texto alcanza para comprender que no se trata de homologar ningún contrato en particular, sino directamente de facultar al Intendente a firmar lo que estime conveniente, con las entidades financieras o empresas que desee, y con permiso otorgado con antelación por el Concejo Deliberante.

A priori, y sin considerar contexto alguno, parece una temeridad de parte de los concejales permitir semejante discrecionalidad en un asunto que podría tener implicancias serias sobre un sector más que vulnerable: el de los empleados municipales, que como se sabe, perciben salarios sumamente bajos y además trabajan en condiciones totalmente precarias en función de lo dispuesto por la ley 11.757, que los gremios buscan derogar.

Claro que si se considera el contexto, la situación aparece como mucho más grave aún. No se han apagado todavía los ecos de la estafa que decenas de trabajadores municipales sufrieron justamente a raíz de este tipo de operatoria, cuando su gremio les gestionaba préstamos en entidades foráneas, y el gobierno municipal de entonces descontaba las cuotas de los salarios.

Es de dominio público que muchos empleados se vieron sorprendidos al reclamársele el pago de préstamos que jamás habían pedido, o bien se les exigía cuotas más elevadas que las realmente pactadas. Por todas estas irregularidades fue iniciada una causa penal que aún no está resuelta, por lo cual ni siquiera podría asegurarse que no vaya a haber más imputados, gremiales, de las entidades que prestan plata, o ex funcionarios.

A priori aparece como poco conveniente que el Concejo Deliberante resigne su participación en un asunto tan delicado; pero en el marco de lo sucedido, la situación es mucho más grave aún: sigue habiendo un prófugo de la justicia, y trabajadores que no han terminado de devolver plata que jamás se les prestó. ¿No convendría, entonces, ser un poco más cautos? ¿Cuál es la necesidad de encarar este tipo de operatoria, cuando por ejemplo, cualquier trabajador puede ser sujeto de préstamo bancario, significativamente más barato que el que otorgan las entidades privadas, mutuales o cooperativas, y también más seguro?

El Portal de Rojas no es partidario de hacer especulaciones; pero siente muchísima curiosidad por saber qué hay realmente detrás de este asunto; más allá del obvio "permitirle a los trabajadores que adquieran productos en cuotas".

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