Acerca de la discusión sobre el sueldo del Intendente...

Por estos días se ha suscitado entre la dirigencia política una controversia en torno del sueldo que percibe el Intendente Municipal de nuestro distrito.

Antes de entrar en cualquier consideración, este columnista quiere aclarar que tal discusión tiene un tufillo tal que evoca inevitablemente uno de los postulados del discurso neoliberal que fue hegemónico en los "90: que la democracia es cara. Y también que ignora si es verdad lo que afirma la oposición sobre que tal sueldo superaría los quichicientos mil pesos, o bien si la razón es del oficialismo cuando sostiene que el mandatario sólo cobra poquicientos argentinos con algunos centavos.

Tal ignorancia no es fruto de la falta de información, sino del convencimiento de que el debate, tal como ha ocurrido otras veces (y se ha señalado desde esta columna) ha encarado el incierto rumbo de los tomates.

Y ese equívoco parte del error, lamentablemente habitual, de tratar de encontrarle valor monetario inclusive a aquello que no lo admite.

El valor es el resultado de una evaluación; y esa evaluación debe hacerse en términos de eficiencia, sobre objetivos previamente planteados.

Pues bien: creer que todo puede evaluarse como si tuviera fines de lucro es una de las falacias que aún sobreviven como rémoras del ya mentado discurso neoliberal de veinte años atrás.

Es acertado hacer un análisis de este tipo cuando se habla de una empresa, es decir, de un ente creado para generar ganancias. La eficiencia, entonces, se mide en términos de rentabilidad.

¿Es aplicable esta visión al sector público? No. Sencillamente, porque los objetivos del Estado no son ganar dinero; son otros. ¿Qué rentabilidad produce una escuela? ¿De qué magnitud es el balance positivo que arrojan un tribunal de justicia, una comisaría, un hospital o una cárcel?

Cuando hablamos de Estado, no podemos poner la evaluación en términos de rentabilidad, sino de eficiencia en el cumplimiento de objetivos que no son económicos. Por ejemplo, en porcentaje de delincuentes recuperados para la sociedad en el sistema penitenciario; de apendicitis curadas en los hospitales; o de índices aceptables de inseguridad en las ciudades.

¿Quién no querría, por ejemplo, traer al mejor cirujano del mundo a trabajar a nuestra ciudad? Habría que pagarle, por poner un número al azar, un millón de pesos mensuales. Doce millones del presupuesto de un año. Es mucho. Pero se salvarían algunas vidas más. ¿Valen doce millones esas vidas salvadas? ¿Quién podría afirmar si son caras o baratas?

El ejemplo anterior, absurdo, es muestra de lo inadecuado de debatir sobre los asuntos públicos en términos de rentabilidad.

¿Cuánto debería ganar un Intendente? El eje de la discusión no debería ser ése, porque la evaluación de su trabajo, en términos de eficiencia, no tiene que ver con valores monetarios sino con la eficacia de su gestión, con los buenos o malos resultados que obtenga en beneficios para la ciudad y sus habitantes.

Un intendente cuyo trabajo valiera como el del cirujano del ejemplo anterior podría tranquilamente cobrar un millón de pesos por mes. Y el pueblo lo pagaría gustoso a través de sus impuestos porque vería resultados excelentes, aunque no cuantificables desde lo monetario.

Por el contrario, si el intendente fuera inoperante, entonces pagarle 100 pesos mensuales sería un despilfarro.

La discusión presente por estos días, lamentablemente, no ha elegido ese camino de evaluar según la eficiencia de gestión, sino otros vinculados a cuestiones puramente monetarias. Y no es lo correcto, sobre todo sabiendo que uno de los problemas principales que siempre tuvo el Estado fue el de no poder competir por los más capaces con el sector privado, justamente porque los sueldos que paga son sensiblemente menores.

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Aclaración necesaria: el ejemplo del cirujano fue elegido al azar, es pura ficción, y de ninguna manera pretende hacer juicios de valor sobre los profesionales que se desempeñan en nuestra ciudad.

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