¿Por qué el massismo de Rojas enfrenta al "campo"? Hay 7 millones de razones

Es de público conocimiento que el diputado Sergio Massa, como parte de su campaña, intenta contar con el sector agropecuario como aliado para su ascenso político.

Hace menos de un mes se reunió el legislador con los dirigentes de la Mesa de Enlace, y efectuó declaraciones de esas que siempre suenan bien a los oídos de "el campo": se mostró partidario de eliminar las retenciones al trigo y otros productos de las economías regionales; de suspender la aplicación del ROE y, en general, de disminuir la presión tributaria sobre el sector.

Alrededor de la misma fecha, el gobierno de Rojas, massista, terminaba de elaborar un proyecto que, luego del trámite de aprobación gracias a su mayoría en el Deliberativo, significaría el fin de más de una década de funcionamiento de la Secretaría Vial al mando de los productores.

Aún no se sabe la suerte que correrá ese proyecto. Por un lado, porque la reacción del sector agropecuario, que ve con gran temor la posibilidad de que regresen las épocas de incertidumbre sobre el estado de los caminos, previas a la creación de la Secretaría, se está haciendo sentir sobre los concejales; y por otra parte, porque habiendo llegado esto a oídos de los más altos niveles del massismo, es probable que llegue algún "tirón de orejas" para los hermanos Caso, autores intelectuales y materiales de la iniciativa.

¿Por qué razón el gobierno local ha decidido llevar adelante esta decisión, aún cometiendo semejante dislate político? Es bastante fácil de entender si se analiza el núcleo de la gestión vecinalista hasta ahora: hay más de un motivo, o para ser más precisos, unos siete millones de motivos. De esa magnitud es la recaudación esperada de la Tasa Vial para el año en curso, suma que, de acuerdo con lo establecido por la ordenanza todavía vigente, debe ser manejada directamente por el Secretario Vial y los productores nucleados en el CAMPR.

Está claro que de prosperar la desarticulación de la Secretaría en los términos establecidos por el proyecto que hoy está en el Concejo Deliberante, esos siete millones ingresarán directamente a Rentas Generales para ser manejados discrecionalmente por el Intendente y su Secretario de Hacienda.

El grueso de las decisiones gubernamentales que han pasado (en su gran mayoría) por el Concejo Deliberante han tenido un fin similar: recaudar.

Así fue como apenas entró en funciones el gobierno vecinalista fue triplicado el costo de la Colonia de Vacaciones, hubo aumentos importantes en servicios municipales tales como la tramitación de licencias de conducir, y se presentaron con distinta suerte proyectos para arancelar las carreras universitarias, aumentar las tasas, incrementar el Fondo de Obras, incluir dentro de ese gravamen a la energía a empresas que estaban exentas, subir la alícuota de la Tasa de Inspección (pese a que es de ajuste automático por inflación), elevar el costo de los derechos de construcción, de las habilitaciones a comercios... entre otros. Es decir: el verbo "recaudar" como único norte.

La destrucción de la Secretaría Vial y su estructura funcional, que fue fruto de años de trabajo y permitió una década de buen funcionamiento del área, con niveles elevadísimos de cobrabilidad de la tasa, no apunta a ningún objetivo político; ni siquiera administrativo. No es para mejorar nada. Se trata únicamente de una disputa por el manejo de los fondos. Se concretará o no, dependiendo de la relación de fuerzas que se establezca entre el gobierno y los sectores afectados... y posiblemente también de alguna eventual llamada telefónica desde Tigre.

Gear SA

Clyfer