Abusos sexuales: la justicia no puede mirar para otro lado

En estos días en que la sociedad rojense se ha visto sacudida de su letargo por un presunto caso de abuso sexual en una escuela (el CEPT de Hunter), resulta más que conveniente poner sobre el tapete la necesidad imperiosa de que actúe la justicia.

La información oficial sobre el acontecimiento habló en principio de un "acoso virtual", esto es, de ciertas insinuaciones que un docente habría realizado a dos alumnos (un varón y una mujer) a través de Facebook. Sin embargo, consultas efectuadas ante fuentes inobjetables indican que las cosas habrían ido más allá.

No obstante, no es la intención de esta nota hacer especulaciones sino poner de manifiesto la necesidad de que sea la justicia la que dilucide un caso tan grave.

Los periodistas estamos para informar y para opinar, pero no para juzgar; para eso existen los jueces.

Lo que ocurre es que si la justicia no juzga; si los fiscales no acusan y los jueces no fallan, entonces es la sociedad la que termina (siempre) condenando, por supuesto que equivocadamente, ya que no tiene la posibilidad de acceder a datos certeros y veraces sobre lo ocurrido.

La actuación de la justicia debería ser exigida inclusive por el imputado, cuya declaración de inocencia jamás tendrá el peso de un fallo judicial, en el caso de que fuera realmente inocente.

Lamentablemente las cosas son diferentes. Al docente acusado se lo ha "castigado" trasladándolo a otro lugar de trabajo, la escuela Nicolás Avellaneda; y si bien sólo realizará tareas administrativas, sin estar al frente de alumnos, la decisión de las autoridades educativas ha generado una honda preocupación en los padres cuyos hijos se educan en ese establecimiento. Nadie puede garantizar que no habrá proximidad entre el presunto abusador y los chicos.

La justicia, por lo menos hasta el momento y que se sepa, no ha tomado cartas en el asunto. Y debería hacerlo, sobre todo atendiendo a que sobre el docente acusado pesan otras situaciones parecidas anteriores.

Cuando las fiscalías no investigan, la instrucción de las causas termina haciéndose en las peluquerías, en los supermercados y en la cola del banco. Y este proceso "popular", a falta de otro más preciso, ha descubierto que este docente habría estado involucrado en un asunto parecido de tipo intrafamiliar, y en otro en una escuelita de fútbol de un club local.

Claro que, vale reiterar, todo esto no puede asegurarse; nunca hubo denuncias, ni causas, ni investigación alguna. Y esto es responsabilidad de la justicia, porque los delitos contra la integridad sexual son de acción pública, esto es, pueden ser investigados de oficio sin necesidad de que exista denuncia alguna.

Este caso, por la trascendencia pública que ha alcanzado, debería servir para convencer a todos de que la justicia no puede mirar para otro lado. De otra manera ocurrirá lo de siempre: la gente se horroriza; comenta; luego trivializa el hecho, y termina olvidándolo... hasta el próximo incidente.

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