A propósito de la designación del Secretario Vial: a veces es mejor querer que poder

Luego de las idas y venidas que desde principios de año pusieron sobre el tapete todo lo relativo a la Secretaría Vial, el Tribunal de Cuentas dictaminó que la designación del funcionario para ocupar el cargo es facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo.

Este fue uno de los temas en debate, y al respecto, textualmente, el Tribunal de Cuentas expresó que las ordenanzas "no deben limitar la facultad del intendente en cuanto a la libre elección de sus secretarios, por lo tanto, no se considera viable la exigencia de que el Secretario de Obras Viales y Rurales y Ordenamiento Hídrico surja de una terna elevada por el Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales".

Esto puede dejarnos dos enseñanzas: una, que siempre resulta conveniente estimar por defecto, y no por exceso, las facultades del Concejo Deliberante. Desde esta columna se ha dicho innumerables veces que el de referencia no es un órgano legislativo, y que a lo sumo podría considerárselo como el último paso en la reglamentación de las leyes que sanciona la Legislatura. Sin embargo, es habitual ver avances del Deliberativo sobre normativa, algo en lo que no tiene injerencia.

La otra es más interesante: se trata nada menos que de la voluntad política de las autoridades, que sin contravenir la ley, muchas veces pueden actuar basándose en el consenso y en el sentido común, logrando resultados mejores que los que se obtendrían con un frío respeto literal a la norma jurídica.

El de la Secretaría Vial es un caso paradigmático. La ordenanza que la creó fue sancionada en 2002, cuando el Intendente era todavía Gustavo Vignali. Permaneció vigente durante los dos mandatos de Norberto Aloé (incluyendo los interinatos posteriores a 2009, cuando "Chano" asumió como diputado), y llegó con vida hasta el comienzo de la administración vecinalista.

Ahora, gracias a que el gobierno actual decidió no respetarla, y luego de la consulta realizada por el bloque de concejales radicales, surge una realidad: el Concejo Deliberante no tenía facultades para establecer la mecánica de elección del secretario. Sin embargo, así se hizo durante más de diez años.

¿Los gobiernos anteriores no sabían que esa ordenanza no tenía validez, ya que el Deliberativo no posee facultades para decidir al respecto? Probablemente no... pero a fuer de ser sinceros, hay que admitir que podrían haberlo sabido, si les hubiera interesado. La realidad es que jamás se preocuparon por averiguarlo, y esto es porque más allá de imposiciones legales, les pareció justo y razonable que fueran los propios productores organizados los que participaran en la designación del Secretario Vial.

Es obvio que la Ley Orgánica no prohibe a los intendentes que elijan al Secretario Vial de una terna propuesta por el Consejo de Productores, más allá de que no estén obligados a ello porque el HCD no tiene facultades para establecer tal deber. Y así se hizo durante más de diez años, hasta que el gobierno actual, en todo de acuerdo con la normativa vigente pero lejos del sentir de los actores involucrados, cambió esa metodología.

Son decisiones legítimas, y no es la intención de este columnista plantear críticas al respecto. Sí ponerlo de manifiesto, para que quede clara una diferencia: Rojas tuvo dos gobiernos que, aún sin estar obligados, decidieron abrirle la puerta a los productores para que participaran en la designación del Secretario Vial; y ahora tiene un tercero que, legítimamente, decidió hacer su voluntad sin preguntarle a nadie. Puede parecer un dato anecdótico, pero sirve para comprender un poco mejor la realidad en que vivimos.

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