Casos Karen Campos y Angélica Gómez: La Justicia emite señales, y no son de las mejores

(13/03/2013) A la manera de la mujer del César, que no sólo "debe ser honesta sino también parecerlo", sería muy bueno que la Justicia, además de actuar correctamente, deje bien claro y sin ningún lugar a dudas que lo está haciendo.

En estos últimos días hubo dos casos que conmocionaron a la región: uno de ellos, el asesinato de la joven juninense Karen Campos, de 17 años de edad, durante un robo cometido en el kiosco donde trabajaba; el segundo, el hallazgo de un cadáver humano en un monte aledaño al camino de tierra que une Rojas con Rafael Obligado. Ambos dejan "tela para cortar", en diferentes sentidos.

EL HOMICIDIO DE KAREN: CAOS Y ESCLARECIMIENTO INMEDIATO

El rapidísimo esclarecimiento del homicidio de Karen Campos, incluida la detención de los autores (uno de los cuales fue capturado en la provincia de San Luis), es a la vez una muestra de la eficiencia que la estructura del Departamento Judicial de Junín puede exhibir si quiere, y de que generalmente no quiere, ya que en este caso la velocidad de resolución estuvo directamente vinculada al escándalo suscitado por un pueblo que se movilizó pidiendo justicia, la existencia de numerosos actos de vandalismo, y la repercusión en todos los medios de alcance nacional.

Recordemos que la joven, de 17 años, fue asesinada el sábado por uno de los dos jóvenes que se introdujeron con fines de robo en el kiosco donde trabajaba. Ambos delincuentes se dieron a la fuga, y el pueblo de Junín, indignado, se movilizó por millares reclamando justicia.

Siempre en función de la información oficial recibida desde dependencias judiciales, a menos de 24 horas del crimen la Municipalidad de Junín comunicó que había establecido una recompensa de 50.000 pesos para quien aportara datos útiles para dar con los autores. Cosa desacostumbrada: en lo que va del año, en Junín, hubo 11 homicidios y por los diez primeros nadie ofreció recompensa alguna. Claro, tampoco hubo movilizaciones, ni daños, ni más prensa que la habitual.

Ese mismo domingo, alrededor de las 21, se informó que había sido capturado el autor material del homicidio, un menor de 17 años, por lo que la causa tuvo un trámite burocrático extra: debió ser derivada al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil a cuyo frente está el doctor José Alvitte Galante.

Sin embargo, tal obstáculo no frenó el vuelo de las actuaciones, que continuaron a la velocidad del rayo mientras la comunidad juninense volvía a manifestarse, y los medios nacionales sostenían la noticia en los primeros planos informativos.

El lunes se determinó la identidad del coautor, un mayor de edad (23 años), y no sólo eso sino también su paradero: el delincuente se encontraba en la provincia de San Luis, y más concretamente, en la ciudad de Villa Mercedes.

Hacia ese lugar partió raudamente el rayo justiciero, conformado por cuatro veloces automóviles con trece personas a bordo que, actuando en conjunto con la policía sanluiseña, lograron la detención del sujeto y el secuestro de elementos valiosos para la investigación (celulares, dinero, prendas de vestir, etc.).

El día martes, esto es, menos de 72 horas después de ocurrido, el crimen estaba totalmente esclarecido y detenidos sus autores, incluyendo uno al que hubo que ir a buscar a otra provincia. (¿Habrán mirado si andaba por ahí Pablo Maldonado, el asesino de Gladys Castro, prófugo desde hace seis años?).

La mala señal enviada en este caso por la Justicia a la sociedad es evidente: Pareciera que existe la capacidad de investigar con acierto e impartir justicia, con eficacia y rapidez, pero que tales posibilidades normalmente no se usan. Sí fueron utilizadas en este caso debido a la movilización popular, al vandalismo (incendio de patrulleros y edificios), y a la aparición en medios nacionales.

Enseñanza (que no querríamos haber advertido): para que la Justicia actúe bien y con celeridad hay que armar quilombo.

EL CASO ANGELICA GOMEZ: ¿POR QUE ESTAN TAN SEGUROS?

El hallazgo de un cadáver humano, este martes, en un montecito de espinillos ubicado a la vera del camino real que une Rojas con Rafael Obligado también dejó sensaciones extrañas.

En este caso hubo menos información emitida desde el Departamento Judicial, pero fue el propio fiscal que entiende en la causa, doctor Sergio Terrón, quien dio los datos en una improvisada conferencia de prensa realizada a pocos metros del lugar del hallazgo.

Según explicó Terrón, las observaciones realizadas en el lugar alcanzaban para determinar que el cuerpo perteneció a una mujer, y que el cabello, largo, era de color parecido al de Angélica Gómez.

Reconoció el funcionario, no obstante, que no podía ni establecerse la identidad ni confirmar la causa de la muerte, y que quizás eso resultara imposible también en el futuro, debido a la inexistencia de tejidos propia del estado de descomposición que presentaba el cuerpo, y de la acción de animales carroñeros.

En ese mismo momento, el fiscal Terrón informó que había solicitado una detención, la de una persona cuyo paradero hasta ese momento estaba tratando de determinarse, y avanzó señalando el motivo del pedido: estaba acusado de homicidio, agravado por la existencia de "violencia de género", figura prevista en el Código Penal.

Muy poco después el Juez de Garantías, José Raúl Lucchini, accedía al pedido y ordenaba la detención del sujeto, de sexo masculino y 56 años de edad, que hasta el momento no pudo ser capturado.

En este caso lo extraño radica en la certeza, y no en el desconocimiento que tienen las autoridades judiciales sobre lo ocurrido. ¿De dónde surge la sospecha razonable sobre la responsabilidad de una persona en la comisión de un crimen, cuando lo único que realmente se sabe es que una joven desapareció, hay un cadáver sin identificar y probablemente jamás se sepa cómo murió?

La identificación del cuerpo seguramente podrá lograrse a través de análisis de ADN, en unos pocos días. La causa de la muerte, si se da crédito a lo expresado por Terrón, probablemente no. Es obvio que este reducido conjunto de pruebas circunstanciales no servirá para mantener detenido a nadie, y menos aún para lograr una condena, cuando la fiscalía hoy ni siquiera puede demostrar que se ha cometido un crimen. Y posiblemente no pueda nunca.

Saber por qué los funcionarios judiciales parecen conocer con tanta precisión lo que ocurrió con Angélica Gómez cuando lo único que hay es un cadáver, que no se sabe quién es ni cómo murió, sería una investigación muchísimo más interesante, lejos, que la de lo ocurrido con la joven rojense desaparecida.

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