Docentes: Muchas gracias, no nos defiendan más...

Las movilizaciones, actos y discursos que desde los gremios docentes se están difundiendo por estos días de inicio de ciclos lectivos, ponen de manifiesto ¡otra vez! la necesidad de explicar que, mientras se desarrolle dentro del marco de la Constitución y las leyes, todo reclamo sectorial es legítimo y no necesita atribuirse la defensa de los intereses generales de toda la comunidad.

Las sociedades complejas, esto es, aquellas en que distintos sectores se han especializado y diversificado, cuentan con un estado que interviene con normativa y hasta con el uso de la fuerza para la resolución de los conflictos que, inevitablemente, surgen entre los diferentes actores sociales.

Esos intereses son antagónicos, y de ahí la gran complejidad que presenta el ordenamiento jurídico de una sociedad, como así su sistema penal, policial, penitenciario, etc.

Ese antagonismo es inherente a la conformación de nuestras sociedades, y por eso pretender que un reclamo sectorial pueda expresar "los intereses de toda la sociedad" es, ni más ni menos, un intento de manipulación dirigido a sumar personas inadvertidas a una pelea ajena.

DERECHOS LABORALES Y HUELGA

La huelga es una herramienta que los trabajadores usan para poder negociar con mejores perspectivas sus ingresos y condiciones laborales. La patronal ostenta el poder de decidir sobre esos dos asuntos; y los trabajadores, el de parar la producción, con el consecuente perjuicio económico para la empresa.

Así es como surge un "equilibrio" entre empleadores y empleados del que, en lugares como la Argentina, que cuentan con su sistema de paritarias, también participa el Estado como árbitro, homologando los acuerdos y corrigiendo disparidades.

Los problemas empiezan cuando se trata de los derechos de trabajadores del sector público. El Estado no es una empresa, y por eso la lógica de la huelga como forma de presión a través del perjuicio económico, no funciona.

Así es como se da inicio a un complejo mecanismo de abstracciones, en busca de darle un fundamento filosófico a la huelga realizada por empleados públicos. Se supone que si estos trabajadores no trabajan se resienten los servicios; los usuarios responsabilizan entonces a los funcionarios estatales por el mal funcionamiento, y esto repercutirá en las siguientes elecciones. Ahí radicaría el "perjuicio" que, en el caso de la empresa privada, es rápido y directo: la pérdida de productividad. No ocurre así en el Estado.

Los gremios estatales, aún contando con intelectuales de gran nivel entre sus filas, aún no han logrado resolver este problema, y continúan apelando a las estériles huelgas como forma de presión.

INTERESES CONTRAPUESTOS

Aún en el caso de que se considere útil la huelga realizada por trabajadores del sector público, no puede obviarse una realidad: el perjuicio indirecto provocado a quienes conducen el Estado exige un perjudicado directo y primario: el usuario que se ve privado de los servicios públicos a raíz de la medida de fuerza.

¿Con qué argumento absurdo e insostenible podría justificarse, entonces, que un trabajador público en huelga defiende "los intereses de toda la comunidad"?

Para responder esa pregunta basta con asistir a cualquiera de las movilizaciones que por estos días realizan los docentes, pero que no son exclusivas de este sector. Los paros de personal auxiliar, de médicos, de la banca pública, y hasta de administrativos apelan a esa lógica de perjudicar al usuario para provocarle un daño indirecto a los funcionarios estatales, mientras aseguran "defender los intereses de todos".

En este marco, resulta imposible calificar a tal actitud de otra manera que no sea la de un intento de manipulación dirigido a que personas inadvertidas terminen apoyando acciones que van en contra de sus propios intereses.

UN DERECHO NO NECESITA JUSTIFICACION

Está clarísimo que los docentes, como cualquier otro trabajador, tienen todo el derecho de reclamar por sus ingresos y condiciones laborales, y de apelar a las herramientas contempladas en la ley, como la huelga, cuando lo consideren necesario. Pero por favor, no insistan tratando de convencer al resto de que pelean por los intereses de todos. Luchan por el suyo propio, lo cual no es criticable, siempre y cuando no continúen tratando al resto de la comunidad como si fuéramos ignorantes.

La demostración de estas afirmaciones, como ocurre absolutamente todos los años, llegará en unos pocos días, cuando el conflicto quede solucionado con unos puntos más de aumento de sueldos, el pago de salarios atrasados, y algunas concesiones relativas a las condiciones de trabajo. La infraestructura escolar, el servicio alimentario, los remises para traslado de alumnos en la zona rural, el material didáctico, los ventiladores, los calefactores, los vidrios de puertas y ventanas, lo que la gremial docente llama "defensa de la escuela pública"... todo eso quedará para mejor ocasión.

Mientras tanto, nada podrá ocultar que la defensa de los derechos de los docentes implica, ante una medida de fuerza, un perjuicio para los intereses del resto de la "comunidad educativa". Y cualquier discurso que intente negar esta realidad, por más que se lo disfrace, no será más que un burdo intento por embaucar a la "gilada".

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