Caminos rotos, Consejo de Productores "ninguneado"... ¿el fin de la Secretaría Vial participativa?

Si hay un denominador común entre las reuniones y comunicaciones interinstitucionales, y hasta interpersonales que se están dando por estos días en en sector agropecuario, ése es la preocupación.

La razón es clara: se viene la cosecha gruesa, los pronósticos coinciden en que 2013 será un año llovedor, la red vial municipal no está en condiciones, y no se perciben señales desde el gobierno local que indiquen que la situación vaya a cambiar.

Parte del diagnóstico que preocupa a los productores nace, además, del estado de la Secretaría Vial, con sus máquinas rotas y su intención de no realizar inversiones relevantes (por lo menos, es lo que surge del proyecto de Presupuesto actualmente en el Concejo Deliberante).

No hace falta ser mago para advertir que la situación es potencialmente explosiva. El distrito de Rojas continúa teniendo al agro como su actividad productiva principal, y la posibilidad de trasladar los granos hasta las plantas de acopio es condición excluyente para que el sistema funcione.

La actitud del gobierno, por otra parte, no sorprende; es la misma que esta administración ha adoptado en prácticamente todo el resto de las cuestiones, ignorando a las instituciones que desde hace años (o décadas) vienen trabajando eficazmente en distintos temas, tal como se ha señalado anteriormente desde esta columna. El "ninguneo" que sufre hoy el Consejo Asesor Municipal de Productores no es diferente al de Bomberos, cuando fueron dejados de lado para conformar la Junta de Defensa Civil, ni al de otras numerosas entidades de la comunidad.

UN POCO DE HISTORIA

La estructura actual de la Secretaría Vial comenzó a gestarse en el año 2001. La Argentina estaba sumida en una gravísima crisis política, económica e institucional, y la Municipalidad de Rojas no era la excepción. No había recursos, la maquinaria estaba exhausta, y los caminos rurales mostraban un pésimo estado.

Fue por eso que, entre los productores agropecuarios, cayó muy mal la noticia de que se realizaría un rally por caminos de nuestro distrito, y que habría maquinaria municipal dedicada a mejorar justamente esos lugares.

Productores amenazaron con "piquetear" el rally para impedir su realización, y a partir del revuelo que generó tal anuncio comenzaron a realizarse reuniones y a elaborarse proyectos. Las entonces "comisiones viales" (actualmente "rurales") tuvieron una participación protagónica. Centenares de productores participaron en reuniones realizadas en Rojas, Carabelas, Obligado, y diferentes localidades y parajes, lo cual también llamó la atención, dado que se trata de un sector integrado por gente generalmente renuente a este tipo de actitudes.

Finalmente todo cuajó en la sanción de la ordenanza 2692/02, que creó la Secretaría de Obras, Servicios Viales Rurales y de Ordenamiento Hídrico de Rojas, y de un Consejo Asesor Municipal de Productores, integrado por delegados de las comisiones rurales, con funciones muy específicas que hoy no se están cumpliendo, como las de monitorear de cerca el cumplimiento de las pautas presupuestarias, la publicación del balance cada año, la planificación del trabajo, la definición de necesidades de inversión y, en base a todo eso, la elaboración de un coeficiente de incremento de la tasa que el gobierno debería incorporar al proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Todas esas atribuciones son del CAMPR actuando en conjunto con el Secretario Vial, un funcionario que debe ser elegido por el Intendente, pero a partir de una terna elaborada por el Consejo Asesor, algo que hoy tampoco se cumple.

UNA EXPERIENCIA DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA

El proceso que desembocó en la sanción de la ordenanza 2692 fue profundamente democrático, participativo y adaptado a las normas, principalmente a aquella que establece sin ningún tipo de ambigüedad que una tasa es el pago por un servicio, y no un impuesto.

No es verdad, como se ha escuchado por ahí, que la movilización del agro en función del mejoramiento de los caminos rurales, plagada de racionalidad y de propuesta, haya tenido similitudes con lo ocurrido en 2008 contra la resolución 125 (tema que excede lo abordado en esta nota).

Aquella movilización de 2001 y su producto, la Secretaría Vial con su Consejo Asesor, fue lo que permitió, en el marco de la normativa vigente, una década de funcionamiento más que aceptable de esa área municipal, y de caminos en buenas condiciones.

Lo que los productores reclaman hoy es, ni más ni menos, que la Municipalidad preste aquellos servicios por el que cobra la tasa vial. Y no es su culpa si los funcionarios municipales aún no han entendido la diferencia entre tasa e impuesto, como tampoco lo es que la estructura de las tasas sea totalmente anacrónica, y no exista voluntad política de adecuarla a la realidad actual.

Nadie más que el gobierno es responsable de verse hoy obligado a sostener el hospital, o los establecimientos educativos. con recursos cobrados para inspeccionar comercios o reparar caminos. Si la Municipalidad quiere tener un hospital a cargo, y para eso necesita recursos, debe cobrar una tasa de salud, y no dedicar a ello dinero percibido para otros fines. Una tasa no es un impuesto, es decir, no es dinero que entra a Rentas Generales para que el Ejecutivo decida a qué lo dedicará. Es el pago por un servicio que debe ser prestado. Obviamente, quienes lo pagan reclamarán cumplimiento, y están en todo su derecho.

REQUISITOS PARA SER SECRETARIO

Los requisitos planteados en la ordenanza para ser Secretario Vial, en cuanto a capacitación profesional y antecedentes, son sumamente exigentes. Esto fue incluido en la norma con las mejores intenciones, pero sin tener en cuenta que vivimos en Rojas, un pequeño pueblo cuyo sector público no es ambicionado como ámbito de desarrollo por profesionales destacados. Seguramente al director del Unzué le gustaría tener a un miembro de la Fundación Favaloro como Jefe de Cardiología; tan seguro es eso, como que no lo logrará.

Pero esta exigencia, desmedida si se quiere, en relación con los requisitos que debe cumplir un aspirante a Secretario Vial, ha tenido un significado político concreto: quitó de las manos del Consejo Asesor su atribución de nombrar al funcionario (a través de la elaboración de una terna), y la depositó en las del Intendente, que luego de publicar convocatorias que nadie responde, termina designando al titular de la Secretaría como al resto de su equipo de gobierno.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, sobre todo a partir de que la recuperación de la economía nacional abrió puertas insospechadas en 2001 para los profesionales con algo grado de capacitación. Los perjuicios para la Secretaría Vial son evidentes.

ALGO VA A PASAR...

En qué desembocará la situación actual, con productores preocupados, caminos rotos y gobierno en silencio, es algo que quedará develado en los próximos días. Lo único seguro: algo va a pasar.

La situación es lo suficientemente compleja, dada la importancia de lo que está en juego (la posibilidad de llevar los granos hasta las plantas de acopio), como para que la situación se diluya y no se tomen decisiones, cualesquiera sean.

Y aquí está lo central: hay que tomar decisiones. El problema vial no forma parte de los que pueden ser solucionados cortando cintas, pintando Champions de anaranjado o parando guitarreros arriba de un escenario.

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